Supresión de barreras arquitectónicas en obras públicas

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Las barreras arquitectónicas impiden o entorpecen la circulación normal de las personas con discapacidades motrices, auditivas o visuales y, al final, son una forma de discriminación.

Qué entendemos por barreras arquitectónicas

Son un conjunto de elementos que dificultan el desarrollo de la actividad normal por parte de personas con discapacidad sensitiva y/o motora de una forma autónoma y segura.

Estas barreras las podemos clasificar en dos grupos:

Barreras arquitectónicas propiamente dichas, donde el acceso y la movilidad por un determinado espacio no están adaptados a personas con movilidad reducida u otra limitación. En este apartado incluimos los accesos con escaleras y sin rampa, los pasillos estrechos, los baños no adaptados.

Barreras urbanísticas, generalmente en espacios públicos, donde no se tienen en cuenta las características especiales de las personas discapacitadas. Las aceras sin rebajar y los semáforos sin indicaciones acústicas serían un ejemplo.
Cómo está regulada la accesibilidad universal en las obras públicas.

En el artículo 49 de la Constitución queda recogida la pluralidad de nuestra sociedad, con la indicación expresa de facilitar a todas las personas la integración en la sociedad. Asimismo, la Constitución atribuye en su artículo 148.1.3º a las Comunidades Autónomas las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

Actualmente todas las Comunidades Autónomas disponen de normativa propia sobre la accesibilidad en los espacios públicos y privados. A nivel estatal cabe destacar la Ley 51/2003 de 2 de diciembre y la normativa que la ha ido desarrollando posteriormente.

¿Es obligatoria la accesibilidad en un edificio?

La respuesta es sí. Tanto si el edificio es de nueva construcción como si nos referimos a uno ya existente, la accesibilidad es obligatoria y cualquier comprador o propietario del inmueble puede solicitar la supresión de las barreras arquitectónicas.

Edificios existentes

En el caso de inmuebles ya existentes la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal ampara a cualquier persona con una discapacidad o mayor de 70 años que solicite la accesibilidad del edificio, incluso en el caso de que esta comporte la modificación del título constitutivo. La comunidad de propietarios está obligada a realizar ajustes en las zonas comunes del edificio para garantizar el acceso y, además, lo tendrá que hacer antes del 4 de diciembre de 2017.

Edificios de nueva construcción

En este caso hay que tener en cuenta, desde el momento del diseño, la normativa existente sobre accesibilidad (estatal, autonómica y local). Esto evitará luego las modificaciones que pueden incrementar el coste de la obra, ya que las medidas de adecuación, cuando el edificio está terminado, son notablemente más costosas.

Como conclusión podemos decir que facilitar la movilidad independiente de todos, eliminando las barreras arquitectónicas, es una norma además de una necesidad social. Suprimir los obstáculos en las obras públicas mejora la convivencia social y hace más libres a las personas con discapacidad.

 

 

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